Las reacciones suscitadas por la muerte en huelga de hambre del disidente Orlando Zapata han puesto en evidencia las dudas en el seno del partido socialista sobre la política a seguir en relación con Cuba. Mientras desde el grupo socialista en el Parlamento Europeo se suscribía una resolución de condena al castrismo, desde el Gobierno se insistía en la voluntad de impulsar la revisión de la posición común de los Veintisiete durante el semestre de presidencia española.

No se ha tratado sólo de un nuevo episodio de descoordinación, tan frecuentes en este Ejecutivo; la disparidad de criterios en este caso ha obedecido, además, a la existencia de distintos puntos de vista sobre cómo conducir las relaciones con La Habana, tanto bilaterales como europeas, en la expectativa de un pronto fin de la dictadura castrista. No es una decisión sencilla, dado que el propio régimen cubano se halla divido acerca de cómo afrontar el futuro inmediato. Pero el ministro Moratinos se equivoca al seguir defendiendo la revisión de la política común en las actuales circunstancias y también en aspectos cruciales de la estrategia alternativa que promueve.

La muerte de Zapata no sólo aconseja aplazar por el momento cualquier decisión que el régimen cubano pueda interpretar como una normalización diplomática con la UE, por más que, en efecto, la vigente posición común de los Veintisiete haya llevado las relaciones a un callejón sin salida, que ni alivia la situación de los cubanos ni estimula la transición. Tampoco desde el punto de vista de la política europea parece razonable que la presidencia española insista en la revisión de la posición común: el voluntarismo de Moratinos corre el riesgo de traducirse en un estrepitoso fracaso, dado que no existe unanimidad entre los socios para revisar la posición común. Y mucho menos después de la muerte de Zapata.

La estrategia de poner en sordina las exigencias políticas al régimen cubano para arrancarle concesiones humanitarias, según ha hecho el ministro en sus últimos viajes a la isla, y según parece sugerir como nueva política común de la UE, conduce a un círculo vicioso, del que sólo resulta un mayor deterioro de los derechos humanos. A fin de evitar las exigencias políticas, el régimen siempre necesitará disponer de presos sobre los que negociar, con lo que las relaciones se condenan a un ciclo espasmódico de represión y concesiones humanitarias bajo presión internacional. Ni España ni la UE pueden convertirse en parte de este mecanismo.

Esté o no en los planes de los actuales dirigentes cubanos, la necesidad de desmantelar la dictadura llegará tarde o temprano. Para la comunidad internacional, por su parte, el principal problema radica en gestionar la espera. Minimizar o, incluso, sacrificar las exigencias sobre derechos humanos en nombre de la transición que ha de venir no es sólo moralmente inaceptable; es contribuir, además, a que esa transición no llegue.

(Fuente: El País)