Por: Ana C. Fuentes

Cualquier alma cándida o dispuesta a que le endulcen los oídos encontrará en los principios en los que está basada la Ley Electoral cubana razones para defender que se trata del sistema más democrático del mundo. Nada de partidos, es el pueblo proponiendo y eligiendo a sus representantes. Nada de campañas electorales millonarias: apenas una escueta biografía de los candidatos colgada en la puerta de algún colegio, farmacia o bodega. Vecinos conocidos por sus vecinos. ¿Hace falta más?

Aún pretendiendo ignorar el significativo hecho de cómo se pactan las nominaciones, habría que preguntarse qué poder tienen esos representantes del pueblo —sin presupuesto ni recursos ni potestad— para solucionar los problemas de sus electores, asuntos tan simples como los baches de una calle, el techo del colegio o la falta de un servicio de recogida de basura. A saber, estos representantes conforman parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular, que a su vez elige los representantes a la Asamblea Provincial, que a su vez elige los candidatos a la Asamblea Nacional que es la que, supuestamente, “expresa los deseos soberanos del pueblo”, según reza la Constitución.

Claro que en todo esto hay cuotas. Detrás de toda esta maquinaria están las Comisiones de Candidaturas, presididas por un representante de la Central de Trabajadores de Cuba (el único y vertical sindicato cubano) e integradas por miembros de todas las llamadas organizaciones de masas (los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la de agricultores y las de estudiantes universitarios y de enseñanza media) que a estas alturas pocos dudarán que responden a una única voz (la del Partido Comunista) que no es precisa y necesariamente la del pueblo sino la del poder. Estas organizaciones copan, con sus propios representantes, las asambleas. De modo que el pueblo llano sólo integra como máximo el 50% del gobierno provincial y nacional. La otra parte la componen los de siempre, nominados ‘desde arriba’ por las propias estructuras de poder.

Cierto que el pueblo vota, desde la última reforma del sistema electoral (1992), cada 5 años, por los candidatos a la Asamblea Nacional. De ahí que la campaña institucional cuando corresponden estos comicios insista en el ‘voto unido’, una cómoda casilla al principio del boleto para votar de golpe por todos. La explicación oficial es que la gente no vaya a dejar de votar por algún infeliz representante desconocido, pero cualquier persona mínimamente avispada entenderá que lo que se pretende evitar es todo lo contario: que la gente no vote por los conocidos, los históricos, los que llevan 51 años prometiendo sin cumplir.

Capítulo aparte merece el asunto de la participación. La presión para ir a votar es puerta a puerta. En Cuba, aunque la ley electoral aclara que no es obligatorio ejercer ese derecho, el discurso va por un lado y la realidad por otra. Pioneritos aspirantes a ser como el Che y cederistas comprometidos con la defensa de la revolución, despliegan ese día un gardeo a presión para que nadie ‘olvide’ su compromiso ciudadano. Algunos, pocos aunque cada vez más, hartos de tanto cuento, declinan directamente la invitación o se inventan algún viaje para esa fecha, pero cualquiera que esté al tanto de la psicología del miedo instalada en Cuba entenderá que la gente vaya a votar en porcentajes que envidiaría cualquier democracia occidental: jugarse el cartel de ‘desafecto’ puede dar al traste con un puesto de trabajo o con la posibilidad de terminar los estudios o, si estás en trámite de viajar o tienes aspiración de hacerlo, con el dichoso permiso de salida. Con todo, las mesas electorales no tienen muchos reparos a la hora de alterar el censo. Recuerdo uno de los últimos procesos electorales que viví en Cuba, como miembro de una de esas mesas, cuya presidenta a la hora del cierre del colegio procedió a eliminar, convenientemente, a varias de las personas que no votaron porque “ya no vivían en el barrio”.

Tampoco se explica muy bien por qué si gran parte de los 2 millones de cubanos que vivimos fuera de la Isla tenemos derecho a ejercer el voto (tenemos inscripción consular, estamos obligados a viajar a la isla con el pasaporte cubano, por el que nos cobran un riñón, no estamos locos ni cumplimos condena y además representamos una fuente importante de ingresos para la economía del país), no hay colegios electorales en las embajadas y consulados cubanos. O sea, en la práctica no contamos como electores, o lo que es peor, el gobierno nos impide ejercer ese derecho. ¿Por qué los consulados y embajadas cubanas invitan a los cubanos residentes en el exterior a firmar manifiestos en defensa del régimen y en cambio no procuran un espacio electoral para ellos?

Cuando el lunes las alertas de Google reboten una y otra vez la propaganda oficial, el mundo amanecerá con la noticia de que más del 96% de los cubanos acudieron a las urnas, unas cifras que representan una “contundente” respuesta a la “feroz campaña mediática” desatada contra Cuba. Y voy yo y me lo creo.

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