Las conversaciones entre el Gobierno cubano, la Iglesia católica y la cancillería española han dado un resultado importante, que no debería subestimarse: la promesa de liberación de 52 opositores pacíficos, arrestados en la primavera de 2003. Aunque hasta ahora solo ha salido menos de la mitad, en las próximas semanas deberían quedar libres los 75 activistas de la ampliación de derechos civiles y políticos, injusta y "sumarísimamente" condenados a penas de hasta 28 años por delitos de expresión y asociación. El valor de esa amnistía no debe rebajarse en medio del comprensible malestar de una oposición, una diáspora y una comunidad internacional, para las que dichas excarcelaciones, acompañadas de exilios, son insuficientes.

La liberación de los 75 es importante, además, porque deja al descubierto la injusticia de aquellos procesos y las leyes vigentes que los permitieron. Por mucho que Raúl Castro y los publicistas del régimen insistan en que aquellos opositores no fueron procesados por sus ideas sino por ser "agentes" de una potencia extranjera, que trabajaban por el "derrocamiento" del Gobierno insular, las propias actas de los juicios contra los mismos, varias de ellas disponibles en Internet, los desmienten. Ninguno de los disidentes formaba parte del aparato de inteligencia de Estados Unidos, ni enviaba información secreta sobre el Estado cubano, ni practicaba la subversión o cualquier modalidad de cambio violento en Cuba.

Los defensores acríticos del régimen también enfatizan que aquellos disidentes recibían dinero de Washington y uno de los agentes de la Seguridad Cubana infiltrado entre ellos afirma que llegaron a incautárseles cerca de 100.000 dólares, lo cual no consta en las actas disponibles. Imaginemos que cada uno de los 75 poseía 2.000 dólares y ya la cifra sobrepasa la que alegan los oficiales de la contrainteligencia. La suma es ridícula como presupuesto de una banda de "mercenarios" y "terroristas" que, bajo las órdenes de la Casa Blanca, conspira para "destruir la Revolución" y anexar Cuba a Estados Unidos.

(Seguir leyendo en El País)

* Rafael Rojas es uno de los firmantes de la declaración de #OZT: Yo acuso al gobierno cubano

por la libertad de los presos políticos cubanos
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