El ensayista e historiador cubano Rafael Rojas comenta en un artículo publicado en Diario de Cuba cómo el debate tras la muerte de Orlando Zapata Tamayo "ha reinstalado el tema de la disidencia y la oposición" en la isla. Rojas analiza la diferencia entre un término y otro y brinda claves sobre la resistencia "de las elites del poder" ante la evidencia de que "se acerca un fin de régimen".

(...) Defensores y críticos del gobierno han vuelto a insistir en las diferencias entre ambos conceptos. Los "disidentes", dicen, eran aquellos intelectuales y políticos de los años 60 y 70 que, sin dejar de definirse como "socialistas", proponían una reforma de los comunismos de la Unión Soviética, Europa del Este, China o Cuba. Los opositores, en cambio, son quienes se colocan fuera del sistema e impulsan, no una reforma, sino una transformación del régimen.

(...) Los artículos 53 y 54 de la actual Constitución cubana establecen que los ciudadanos deben practicar sus "derechos de reunión, manifestación y asociación" y la "libertad de palabra y prensa" dentro de las instituciones del Estado o a través de los medios oficiales de comunicación. El artículo 62 señala, además, que ninguno de esos derechos puede ser "ejercido contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo" y cierra con una advertencia: "la infracción de este principio es punible". Por si fuera poco, en 2002, se agregó a la Constitución un nuevo artículo que afirma el carácter "irrevocable" del socialismo cubano, en respuesta a la iniciativa ciudadana de reforma constitucional, emprendida por el Proyecto Varela.

(...) De manera que, en Cuba, asociarse al margen de las instituciones del Estado o expresar críticas al gobierno en medios alternativos se convierten en actos "políticos", más que "civiles", por dos razones muy simples: las formas de autonomía toleradas por el sistema son mínimas y la oposición pacífica a instituciones y líderes del régimen es, constitucionalmente, un acto antinacional. Al catalogar como "enemigos", "mercenarios", "traidores" o "delincuentes" a quienes practican esas oposiciones, reciban o no dinero del exterior, el propio gobierno contribuye a la politización de los mismos ya que los coloca bajo un estigma, contra el cual la identidad opositora se afirma.

(...) Aún así, en Cuba existe un importante sector social más interesado en una disidencia "socialista" que en una oposición "anticastrista". Más allá de los miedos o las inercias, no se debe descartar que, al igual que en la Unión Soviética y Europa del Este, subsista allí un segmento que se asume socialista y que desea cambiar más cosas que las que quiere preservar. La certeza que tienen todos los actores políticos cubanos, sin excluir la línea dura del partido y el gobierno, de que se acerca un fin de régimen, hace del presente un campo de batalla del pasado y el futuro. Mucho de lo que hoy se debate dentro y fuera de la isla tiene que ver con la memoria de antiguos compromisos y con las posibilidades que cada actor visualiza luego del cambio de régimen. Las élites del poder lo saben y atizan tensiones entre reformistas y opositores, con el fin de poner a los primeros contra los segundos. No pocas veces estos últimos llegan a la pureza ideológica y reprochan a los primeros su moderación.

Cuando un periodista, un escritor o un artista de la isla declara que hay que hacer cambios, pero "dentro" de la Revolución o el socialismo, intenta hacer visibles las fronteras que lo separan de la ortodoxia y, también, de la oposición. El grosor de esas fronteras, sin embargo, depende de lo que cada quien entienda por "revolución" o "socialismo" (...). Pero no pocos críticos cubanos, sean reformistas u opositores, piensan que los cambios deben incluir una ampliación de los derechos de asociación, expresión y movimiento y la libertad de los presos políticos. El gobierno, sin embargo, es consciente de que cualquier gesto en ese sentido precipitaría la transición democrática, al dotar de legalidad a la oposición, deslindar la sociedad civil del Estado y abrir la esfera pública del país.